Si se usan adecuadamente, la información diagnóstica y el procedimiento para obtenerla pueden ayudar a los profesionales de la ley a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando es fundamental confirmar la presencia de un trastorno mental para cualquier determinación legal posterior (p. ej., confinamiento civil involuntario), la aplicación de un sistema de diagnóstico consensuado refuerza la validez y la fiabilidad de dicha determinación. Al ser un compendio basado en la revisión de la correspondiente bibliografía clínica y de investigación, el DSM-5 ayuda a quienes tienen que tomar decisiones legales a comprender las características relevantes de los trastornos mentales. La bibliografía relacionada con los diagnósticos también sirve para descartar cualquier especulación sin fundamento sobre el trastorno mental y para entender el comportamiento del individuo. Finalmente, la información sobre la evolución clínica ayudará a mejorar la toma de decisiones cuando la cuestión legal se relacione con el funcionamiento mental del individuo en instantes pasados o futuros.
Sin embargo, la aplicación del DSM-5 debe ir acompañada de una advertencia sobre los riesgos y limitaciones que plantea su utilización en cuestiones forenses. Cuando se emplean las categorías, los criterios y las descripciones textuales del DSM-5 con fines legales, existe el riesgo de que la información sobre el diagnóstico se use o entienda incorrectamente. Estos peligros se derivan del desajuste existente entre las cuestiones fundamentales que interesan a la ley y la información que contiene el diagnóstico clínico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico de un trastorno mental del DSM-5, como una discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual), una esquizofrenia, un trastorno neurocognitivo mayor, una ludopatía o una pedofilia, no implica que el individuo con dicha afección cumpla los criterios legales respecto a la existencia de un trastorno mental, ni los de una norma legal concreta (por ejemplo, competencia, responsabilidad criminal o discapacidad). Para esto último acostumbra a ser necesaria más información que la que contiene el diagnóstico del DSM-5, como podría ser la información sobre el deterioro funcional del individuo y sobre la forma en que éste afecta a las capacidades en cuestión. Precisamente por el hecho de que los impedimentos, las capacidades y las discapacidades pueden variar mucho dentro de cada categoría diagnóstica, la atribución de un diagnóstico concreto no implica un grado específico de desequilibrio o de discapacidad.
No se recomienda que las personas sin formación clínica o médica y, en general, sin formación adecuada utilicen el DSM-5 para valorar la presencia de un trastorno mental. Asimismo, también debemos advertir a quienes tomen decisiones no clínicas que el diagnóstico no implica necesariamente una etiología o unas causas concretas del trastorno mental del individuo, ni constituye una valoración del grado de control que éste pueda tener sobre los comportamientos quizá asociados a dicho trastorno. Aunque la reducción de la capacidad de controlar el propio comportamiento sea una característica del trastorno, el diagnóstico en sí mismo no demuestra que el individuo en cuestión sea (o haya sido) incapaz de controlar su comportamiento en un momento dado.
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